La crisis económica que azota la situación financiera global y a España en particular está golpeando con fuerza a las familias con escasos recursos económicos.

Con el objetivo de amortiguar este impacto el Gobierno de España viene poniendo en marcha mecanismos de auxilio como las ayudas al alquiler para este tipo de núcleos personales vulnerables.

Pero algo falla cuando la gente con contratos de alquiler a la que van destinadas las ayudas las rechazan, no se enteran de su existencia o no tienen acceso a su solicitud.

¿Cómo funcionan las ayudas para el alquiler?

En primer lugar, es necesario conocer cómo funcionan estas ayudas al alquiler. Según el Boletín Oficial del Estado, la cuantía del subsidio puede llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia.

Habilitadas desde el pasado mes de abril, y recientemente prorrogadas hasta el mes de mayo de 2021, las ayudas se impulsan mediante microcréditos del ICO (Instituto del Crédito Oficial) a tipo de interés cero y con un plazo de devolución de seis años, ampliables a 10.

Hasta ahí, todo bien. Las familias que cumplan con los requisitos pueden estar exentas de pagar seis mensualidades, en una época difícil a nivel económico y con mucho tiempo por delante para hacer frente a esos gastos.

¿Por qué están fallando las ayudas?

Sin embargo, esta medida ha fracasado. ¿Por qué se da esta situación en un momento tan crítico?

De acuerdo a los sindicatos, colectivos de alquiler y entidades bancarias, hay varias explicaciones:

  1. Estas ayudas implican un endeudamiento en hogares carentes de ingresos y esto provoca rechazo a la hora de solicitar la ayuda.
  2. El proceso de solicitud es complicado, con muchas trabas que las familias no pueden sortear y requisitos que no puede cumplir a pesar de su delicada situación económica.
  3. Los bancos, como entidades privadas, no promueven estas líneas de aval porque no obtienen rentabilidad económica de esta: dar recursos sin beneficio.
  4. Desconocimiento de los avales por su falta de promoción.

¿Cuáles son las soluciones para hacer funcionar estas ayudas?

Para darle la vuelta al fracaso de una política destinada a alrededor de 400.000 familias en España, que pagan casi el 50% de sus ingresos en contratos de alquiler de vivienda, la lógica nos lleva a concluir que las soluciones más eficaces podrían ser: o bien la inyección económica a través de una ayuda directa con la cantidad exacta de cada contrato de alquiler, o bien un préstamo efectuado directamente por el Gobierno sin pasar por un banco como intermediario del subsidio.

Ambas aliviarían la situación de manera casi inmediata.

Por un lado, el proceso de solicitud y recepción de ayudas se facilitaría a las familias, aumentaría la seguridad de estas a la hora de pedirlas sin preocupación por el endeudamiento y, por otro lado, los bancos se librarían del compromiso de conceder préstamos sin beneficio y se aliviaría el clima de tensión procedente del paquete de ayudas del Gobierno.

Requisitos a cumplir para la solicitud de la ayuda

  1. Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos, por pasar a estar en situación de desempleo, por estar afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), por haber reducido su jornada por motivo de cuidados, por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la actividad laboral o empresarial que impliquen dicha reducción de ingresos como consecuencia de la expansión de la covid-19.
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM).
  • En 2020, el IPREM mensual se sitúa en 537,84 euros, el anual de 12 pagas en 6.454,03 euros y el anual de 14 pagas 7.519,59 euros.
  • Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por “gastos y suministros básicos” el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario, referidos al periodo de un mes.

¿Cuándo se puede pedir la ayuda al alquiler 2020 y 2021?

Según se indica en la actualización del BOE del 2 de diciembre, el plazo para solicitar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado es hasta el 31 de mayo de 2021.

Este plazo podrá ser prorrogado hasta el 31 de agosto de 2021 mediante orden ministerial previa propuesta de la comisión de seguimiento.

El plazo para formalizar los préstamos es hasta el 30 de junio de 2021, prorrogable hasta el 30 de septiembre de 2021.

¿Cómo se pide la ayuda al alquiler?

La ayuda debe ser solicitada por la persona arrendataria a la comunidad autónoma o a la ciudad de Ceuta o de Melilla correspondiente.

La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de una copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato.

Esta documentación ha de ser suficiente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario.

¿Cuándo se paga la ayuda de alquiler?

Una vez resuelta por cada comunidad autónoma o por las ciudades de Ceuta y de Melilla la concesión de la ayuda y verificados por las mismas el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para su pago será el órgano competente correspondiente quien proceda a dicho pago al beneficiario.

La ayuda se pagará de una sola vez o por partes, mediante abonos con la periodicidad e importes que defina cada comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y de Melilla.